El verdadero desequilibrio de poderes - bloguero invitado

Hola a todos, hoy tengo un bloguero invitado muy especial con un tema que nos hace reflexionar sobre el verdadero desequilibrio de poderes que existe en Colombia. Léanlo y medítenlo. Espero sus comentarios.

¿Equilibrio de Poderes?

                                 

                                 Por: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

                                       Consejero de Estado, Sección Cuarta

Existe un debate sobre lo que debe entenderse por equilibrio de poderes, con ocasión del trámite del Acto Legislativo que reforma la Constitución de 1991, y que se ha denominado justamente una reforma para el equilibrio de poderes[1].

En este breve espacio, quiero plantear un punto de vista un tanto diferente, pero espero que sirva como un marco general de reflexión sobre la cuestión relativa al equilibrio de poderes.

En efecto, la primera pregunta importante es: ¿existe la necesidad en Colombia de hacer un equilibrio de poderes? Es decir, ¿hay acaso algunos poderes más poderosos, valga la redundancia, que otras instancias y que eso hace que en Colombia no podamos todavía disfrutar de un verdadero Estado Social de Derecho?

La respuesta es afirmativa en ambos casos. Lo explico:

Por lo menos, existen tres grandes poderes que pretenden gobernar las sociedades, pretenden dirigirlas, pretenden no propiamente conducirlas a la felicidad, sino más bien a la constante expoliación.

Uno de esos grandes poderes es, sin duda alguna, el poder económico, que circunscrito ahora en el amplio marco de la globalización y el neoliberalismo, pretende sacar el máximo provecho tanto de los recursos físicos como del trabajo humano de cada país. Este poder tiene alianza con los otros dos poderes que gravitan sobre la comunidad, que son el poder ideológico y el poder político. Si hubiese, digamos, un auténtico capitalismo democrático habría más inclusión e igualdad.

Hace poco, el diario El Tiempo, una de las voces más influyentes del poder económico colombiano, dice, con sinceridad, que el 78 por ciento del trabajo de los adultos mayores está en la economía informal. Fíjese: la mayoría de los trabajadores informales que pueblan las calles de las ciudades colombianas son ancianos: pobres, sin pensión, sin seguridad social digna.

Eso es una muestra de lo que digo: el gran poder económico está totalmente en manos de unas pocas empresas, de unas pocas familias y de unas pocas multinacionales. Como se sabe, Colombia suele mostrar la escalofriante cifra de 19 a 20 o 21 millones de pobres, pobres, de 45 millones de habitantes. La revista Humanum, en un artículo que se encuentra en internet, dice que el 60 por ciento de los pobres están solo en tres países: Brasil, México y Colombia. Y que la paradoja está en que esos países no son los más pobres, sino los más ricos en recursos y que muestran crecimientos económicos sostenidos.

En Colombia, el poder económico está concentrado en pocas manos y no es para nada inclusivo. ¿Necesitamos entonces una reforma constitucional que por fin fortalezca las normas para atacar la desigualdad económica y disminuir la concentración de la riqueza? Me parece que sí, pero no tengo a la vista ningún acto legislativo que tome en serio este problema. No sé si después de las conversaciones que se surten en La Habana vayamos a ver proyectos de reforma constitucional que corrijan el desequilibrio del poder económico en Colombia.

Fuera del poder económico, que se apodera de los medios de producción y, por ende, de los medios de comunicación (medios que a duras penas registran superficialmente la realidad colombiana con análisis carentes de profundidad), está el poder ideológico. Este poder no es otra cosa que el interés de ciertos núcleos sociales de darle a la comunidad una visión cultural, espiritual o metafísica, según las creencias y los valores que profese quien ha logrado tener la posición de educar, de enseñar, de formar a los colombianos. Los colombianos somos generalmente educados, los que logramos educación, por la iglesia católica, por laicos profundamente adoradores del librecambismo, o por los profesores del Estado, que suelen profesar de dientes para afuera la ideología llamada del izquierdismo latinoamericano, que incluso originó esa obra mordaz llamada el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Este poder ideológico no es muy innovador. Suele reiterar y reiterar desde distintos puntos de vista discursos muy consabidos, peroratas insulsas sobre la realidad colombiana, pero rara vez tiene capacidad para producir verdaderos cambios.

El poder político es el otro poder absolutamente notorio en la vida social de un pueblo. Este poder engloba propiamente al Estado, pues el Estado es la expresión jurídica de la política. En su dimensión de creación normativa, la política nos da la ley. La política como instrumento para aplicar esas leyes y conferir o conceder o garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos nos daría el poder ejecutivo.

Y la política, como el diseño del sistema de solución del conflicto de intereses, nos daría el poder judicial. Cuando decimos, entonces poder político, no nos estamos refiriendo solamente al poder legislativo, sino a todo lo que envuelve el aparato estatal, aparato gobernado por la Constitución, supuestamente. De ahí que la Constitución justamente se llame Constitución Política y que toda reforma a la carta sea una reforma política, así toque exclusivamente a la Rama Judicial, pues se trataría de diseñar o rediseñar las políticas públicas que necesitamos adoptar para mejorar eso que llamamos justicia.

El poder político es el más fuerte y a su vez el más débil de todos los poderes que se baten sobre la comunidad o el pueblo. El poder político es el más fuerte porque, en un momento dado, el poder político, legisladores, presidente, ministros y jueces pueden lograr que el poder económico sufra cambios tendientes a conceder mayor igualdad social y a configurar un verdadero capitalismo democrático, si es que eso existe. En efecto, reformas constitucionales y leyes sobre reforma agraria, reforma financiera, reforma urbana, seguridad social, etcétera, podrían lograr que el poder económico cambie sus costumbres y el poder ideológico justifique esos cambios en favor de la comunidad. Ya lo anticipaba Aristóteles: los buenos legisladores deben legislar con base en las buenas costumbres para que la ley pueda, a su vez, instaurar más buenas costumbres.

Pero el poder político también es débil. Generalmente, el poder político no es libre. Los agentes políticos suelen responder a los intereses del poder económico y suelen también agruparse mayoritariamente alrededor de la cultura prevaleciente. De todos esos tres poderes a los que me vengo refiriendo, insisto, el poder político, que debería ser el más sólido, es el más deleznable.

El poder económico no puede ver fuerte al poder político y una manera que tiene para debilitarlo diariamente es la técnica del desprestigio. Y como tiene dicho poder económico poderosos voceros en la televisión, en la radio, en la prensa, en el cine, la tarea le queda fácil. De ninguna manera se trata de decir que los agentes políticos son ángeles en manos de maléficos y voraces agentes económicos. No. Lo que sí se ve es que las debilidades institucionales y las debilidades morales de los hombres que hacen parte de esas instituciones políticas son generalizadas, amplificadas y extendidas a todas las instancias políticas que se muestren amenazantes de los intereses instituidos. Si a eso se suma la incapacidad proverbial del Ejecutivo, del Legislativo y de la Rama Judicial para sacar adelante reformas que fortalezcan la institucionalidad del país, Colombia no podrá contar por generaciones con un poder político verdaderamente incluyente, polifacético y eficaz para comandar a la sociedad hacia ese anhelo humano llamado prosperidad.

Si me preguntan ahora si existe o no en Colombia desequilibrio de poderes yo les respondo que sí. El poder estatal, que debería ser fuerte, es débil. El poder económico, que no es que tenga que ser débil, pero sí sometido a la Constitución y a la ley y dirigido hacia la igualdad y hacia la inclusión y no hacia la depredación de bienes públicos y del trabajo humano, es un poder muy fuerte y definitivamente excluyente. Y el poder ideológico, como el de las universidades, las escuelas, las academias, los foros, suele ser un poder totalmente permeado por intereses egoístas, tremendamente burocratizado, sindicalizado, corporativista y, por ende, dedicado más a salvaguardar las prebendas y los intereses de la llamada clase intelectual, que a proponer soluciones innovadoras.

En la sociedad colombiana, ese es el verdadero desequilibrio de poderes.

Ahora, si me dicen que me concentre en el estamento político de la sociedad y que opine si en Colombia el poder legislativo, en la dinámica funcional frente o respecto del poder presidencial o el poder judicial, tiene más o menos poder que los otros dos y si debería ser, en todo caso, el poder judicial más fuerte que los demás, pues digo que todo eso se me antoja una visión estrecha de la realidad colombiana.

Pero ya puesto en situación, siempre he dicho que, por ejemplo, ante la nula eficacia de la Comisión de Acusaciones para desempeñar su trabajo, el Estado colombiano generó un gran desequilibrio de poderes, pues los magistrados de Alta Corte y el Presidente de la República quedaron sin un verdadero juez que los vigile y juzgue. El Congreso, en cambio, quedó bajo la vigilancia de la Procuraduría, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y eso, es notorio, generó un evidente desequilibrio de poderes.

Ahora bien, los procesos constituyentes son eso: procesos. No terminan con la expedición de una Constitución. Recién empiezan cuando se promulga una, con mayores veras cuando esa Constitución tiene que ver con un país convulso, cambiante, joven, desigual y en constante configuración institucional.

Los procesos constituyentes auténticos suelen hacerse durante varias generaciones. Los 21 años, que es lo que lleva la Constitución de 1991, son los años de prueba de esa normatividad. En lo que atañe a la relación político - jurídica entre los tres poderes públicos y las cuatro Cortes no pasó la prueba. Es más, el anaquel que soportaba todos esos poderes pudo haber estado sólido a partir de las normas iniciales de 1991. Pero llegó la reelección de un presidente y debilitó por completo el árbol que sostiene las Ramas del Poder Público. Dicha reelección mostró pronto que el delicado y sutil equilibrio de los poderes públicos iba a alterarse, pues los intereses del Congreso iban a chocar con los intereses de la justicia, así como los intereses del Gobierno iban a golpearse contra, no tanto el Congreso, que suele comer siempre de la mano del Presidente, sino contra el andamiaje judicial.

La solución que se adoptó finalmente en el Congreso de la Republica, como lo ha dicho el Consejo de Estado, es insuficiente. Pero no porque en la Constitución deban existir normas dizque para reducir la congestión judicial o para garantizar el acceso a la justicia, como contradictoriamente se propone. Sí, toda propuesta de más acceso a la justicia va a implicar congestión judicial. Eso entendido como lo solemos entender los colombianos. Más acceso a la justicia es más acceso formal, esto es, más acciones judiciales o más, como se llaman ahora, medios de control, que no son propiamente maneras adecuadas para irradiar auténtica justicia.

Lo que digo es que muchísimas mejoras al funcionamiento del aparato judicial se deben hacer sin necesidad de cambiar la actual Constitución. Solo cumpliéndola y cumpliendo las leyes que ya existen con alguno u otro cambio, podríamos mejorar los tiempos para dictar las sentencias, inclusive, mejorar su calidad.

Otra cosa es el gobierno de la Rama Judicial y la designación de magistrados y las funciones de las altas cortes. Insisto, esto es una cosa de la política, de la alta política. Y claro, en principio, en un escenario republicano, los tres poderes públicos deberían ponerse de acuerdo para hacer reformas en estos niveles. Pero he notado que esto es un imposible.

Aunque las Cortes suelen hablar de la necesidad de cambios y de que, incluso, bien pueden prescindir de las llamadas funciones electorales que tienen, lo cierto es que el sector judicial suele ser refractario a los cambios. Hagamos autocrítica y reconozcamos que nos encanta eso que llaman el “gatopardismo”: que todo cambie para que todo siga igual, y como todo va a seguir igual entonces mejor no hagamos nada. Lo digo porque nunca he visto un proyecto bien sustentado, bien equilibrado, promovido por las Cortes ante el Congreso para autoreformarse y generar un auténtico equilibrio de poderes.

Finalmente, la preocupación más fuerte que tengo en relación con la cuestión de la Comisión de Aforados o el Tribunal de Aforados es la norma según la cual, por virtud de la Constitución, los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Fiscal General de la Nación son inmunes, salvo que se demuestre que las providencias se dictaron como producto del prevaricato o para favorecer intereses propios o ajenos. No digo que no deban ser inmunes estos altos funcionarios frente a controles sobre la propia providencia judicial. La esencia de la independencia judicial radica en que el juez es justamente libre para entender racionalmente la ley, el precedente, que es una ley más, para aplicarlo al caso. Eso es la sujeción del juez al imperio del derecho y de nada más. Mi queja es que esa inmunidad se debe predicar de todos los jueces. Todos los jueces deben estar cobijados por esa inmunidad y no solamente los altos funcionarios judiciales.

Ahora bien, eso no significa que los jueces sean inmunes al Código Penal, en cualquiera de los niveles y jerarquías. Lo único que debe ocurrir es que, en efecto, una instancia judicial de pares juzgue a los pares.

En síntesis, Colombia es uno de los países que muestra un grave desequilibrio entre todos los poderes de facto, que no por eso son débiles. Son muy poderosos. Que la Constitución logre mantener un relativo equilibrio entre las iniciativas y los campos de acción del poder económico, el poder ideológico y el poder político sería un avance. Pero da la casualidad que para lograr eso lo que hay que fortalecer es el poder político, puesto que el poder del Estado, que encarna las políticas públicas, es el encargado de modificar los comportamientos, en orden a lograr una sociedad más incluyente y menos depredadora de los bienes de la naturaleza y de la propia dignidad humana.

Y, por otro lado, no debemos asombrarnos ni escandalizarnos de que necesitemos revisar continuamente la Constitución para ajustar la armonía y el equilibrio que debe haber entre las ramas del poder público. Se trata de un juego de ensayo y error. El poder judicial debe estar siempre atento a promover reformas proactivas y desprovistas de intereses corporativistas, eso de que el poder judicial es de los jueces y para los jueces. Pues este lema termina a la larga generando desequilibrios institucionales.

No soy casi nunca optimista frente a los cambios normativos cuando se advierte que suelen introducirse de forma improvisada, a pesar de que el problema sea de vieja data. Solemos diagnosticar bien el problema, pero improvisar la solución.

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[1] El texto fue elaborado para una conferencia sobre el tema, que se llevó a cabo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca antes de que se aprobara el Acto Legislativo 02 del primero de julio de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”.